Borrar datos en Veraz, Nosis, BCRA.

Existen diversas empresas dedicadas a suministrar informes que contienen datos personales de carácter comercial, crediticio y de medios de pago de personas (físicas y jurídicas). Entre las empresas más conocidas están Veraz, Decidir y Nosis. El accionar de estas empresas está regulado por la ley 25.326, conocida como Ley de Protección de Datos Personales.

El Banco Central de la República Argentina también dispone de una base de datos y está sujeto a las limitaciones de la ley, motivo por el cual le son aplicables todas las normativas relativas a las empresas privadas de información crediticia. Continue reading “Borrar datos en Veraz, Nosis, BCRA.”

Venta por internet

Aceptación de los términos del contrato

Resulta sumamente importante que quien vende mercaderías por internet se asegure de contar con la conformidad del comprador, respecto de los términos y condiciones en los que se celebra la operación comercial. Entre los distintos conflictos que pueden presentarse en esta modalidad de contratación, se encuentra la cuestión de la entrega del producto adquirido. Continue reading “Venta por internet”

Tarjetas de Crédito y Derechos del Consumidor

Los intereses de las tarjetas de crédito y la Ley de Defensa del Consumidor.

La Justicia aplicó la multa que establece la Ley de Defensa del Consumidor a una empresa emisora de tarjetas de crédito, por cobrar un interés superior al permitido y no brindar suficiente información al usuario de dicho servicio.

Límite máximo de intereses

En el expediente  “CMR Falabella SA c/DNCI – DISP 319/08 (Expte. S01:107946/05)” – CNACAF – SALA V – 19/05/2009, la Cámara Contensioso Administrativo Federal tuvo por acreditado que la empresa había violado la Ley de Tarjetas de Crédito.

“El art. 16 de la ley 25.065 de Tarjeta de Crédito establece que en caso de emisores no bancarios “…los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) al promedio de tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del día uno al cinco (1 a 5) de cada mes por el Banco Central de la República Argentina….

“… De las constancias administrativas agregadas a la causa se desprende que la empresa sancionada percibía intereses compensatorios o financieros referidos a saldos deudores de los usuarios de tarjeta de crédito, compra o débito superiores al límite legal previsto en la normativa reseñada …,”

Falta de información al consumidor

Asimismo, la justicia tuvo por acreditadas las infracciones imputadas a los arts. 4 y 19 de la ley 24.240 (Defensa del Consumidor), toda vez que la información brindada al usuario (en cuanto al interés compensatorio cobrado) era inexacta; siendo el deber de información una característica esencial del servicio y además configura un incumplimiento en la prestación del mismo.

Rigurosidad del tope legal

La Justicia desestimó la defensa de la empresa en cuanto a que el porcentaje cobrado en exceso en concepto de intereses era mínimo y de escasa importancia. Al respecto sostuvo que las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones que allí están previstas.

Daño potencial

La Cámara también sostuvo que no se requiere un daño concreto en los derechos del consumidor, sino la posibilidad de existencia del daño. De modo tal que la sanción punitiva es procedente aún en casos en que el daño no se hubiera materializado.

Defensa del consumidor

La Ley de Defensa del Consumidor -Ley 24.240-, actualizada por ley 26.361, amplía la protección del consumidor a la vez que sanciona fuertemente a proveedores de bienes y servicios en caso de incumplimiento.

La nueva ley contempla:

La posibilidad de rescindir un servicio en la misma forma que fue contratado (telefónica o electrónica). Además el plazo que tiene el consumidor para revocar la aceptación de un bien o servicio se amplió  a 10 días.

La facultad de la autoridad de aplicación a determinar la existencia de daño directo a favor del usuario y la posibilidad de resarcir ese daño hasta un tope de $3000. Se delegan facultades judiciales a la Secretaría de Comercio para poder establecer estas indemnizaciones. Estas sumas serán deducibles de la eventual indemnización que se establezca en sede judicial.

El aumento de las multas cuyos máximos pasan de 500 mil a cinco millones de pesos. Eleva las multas hasta en $5 millones para determinados incumplimientos. Lo recaudado en concepto de multas será destinada, el 50% para fomentar la educación al consumidor y el otro 50% engrosará  las arcas del tesoro nacional.

El establecimiento del “daño punitivo”, una nueva categoría de daño que posibilita al juez que, independientemente de los perjuicios resarcidos, pueda fijar un monto indemnizatorio a favor del consumidor como una forma de incentivar al resto de las empresas a no incurrir en nuevos incumplimientos, y una especie de sanción ejemplificadora. El monto por este tipo de multas judiciales podría llegar a $5 millones y se sumarían a las administrativas.

Los consumidores podrán recurrir a los Tribunales Arbitrales de Consumo dentro de la jurisdicción donde viven los conflictos que padezcan con los prestadores de servicios o comercializadores de bienes.

Obliga a los bancos a informar de manera “detallada, cierta y objetiva” todos los cargos que cobran por mantenimiento de cuenta y créditos.

Las acciones judiciales serán totalmente gratuitas, lo que podría acarrear un gran incremento de demandas, con el agregado que como ambas instancias -administrativa y judicial- serían independientes, podría aparecer el conflicto de que una sede condene y que la otra no.

Se establece una indemnización para supuestos de error de facturación en un 25% del monto cobrado de más por el proveedor. Ese importe deberá ser devuelto al consumidor con los mismos intereses que cobra el prestador del servicio.

Una novedad en materia procesal es que la Secretaría de Comercio podrá ordenar como medida cautelar el cese de la conducta que presuntamente viole la ley de defensa del consumidor, otra es que será obligatoria la instancia conciliatoria previa al inicio de las actuaciones administrativas.

Se invierte la carga de la prueba, ahora será el proveedor quien deberá probar que cumplió con la Ley de Defensa del Consumidor.

Se establece una presunción a favor del consumidor, cuando la facturación supere el 75% del promedio de los últimos dos años se presume que el proveedor incurrió en un error y es éste último quien debe demostrar que lo facturado es correcto.

Se extendió a seis meses el plazo de garantía por vicios o defectos de las cosas muebles y la de bienes muebles usados que será de tres meses.

Se faculta a las asociaciones de consumidores y usuarios a accionar en defensa de sus asociados en caso de violaciones a la ley de defensa del consumidor.

Se dispone que la prescripción de las acciones será de 3 años salvo que exista algún plazo más beneficioso para el consumidor.

Otras incorporaciones:

  • las personas jurídicas podrán ser consideradas consumidores y reclamar el cumplimiento de esta ley;
  • la información a los consumidores deberá ser clara y gratuita;
  • el trato a los consumidores deberá ser digno y equitativo;
  • inclusión de los servicios públicos dentro del régimen; etc.
  • el traslado a fábrica o taller para reparaciones será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.
  • la obligación de hacer constar en el documento de venta el nombre y domicilio del fabricante, distribuidor o importador.
  • No se podrá ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o sobre bienes o servicios que salvo autorización de la autoridad de aplicación otorgada en razón al interés general y debidamente fundadas.
  • Se considerará reincidente a quien, habiendo sido sancionado por una infracción a esta ley, incurra en otra dentro del término de 5 (cinco) años.