Plenario Civil sobre Intereses Moratorios

Mediante el dictado del Fallo Plenario “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios” se resolvió que:

1- “Corresponde dejar sin efecto la doctrina fijada en los fallos plenarios “Vázquez, Claudia Angélica c/ Bilbao, Walter y otros s/ daños y perjuicios” del 2/8/93 y “Alaniz, Ramona Evelia y otro c/ Transportes 123 SACI interno 200 s/ daños y perjuicios” del 23/3/04″
2- “Es conveniente establecer la tasa de interés moratorio”
3- “Corresponde aplicar la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina”
4- “La tasa de interés fijada debe computarse desde el inicio de la mora hasta el cumplimiento de la sentencia, salvo que su aplicación en el período transcurrido hasta el dictado de dicha sentencia implique una alteración del significado económico del capital de condena que configure un enriquecimiento indebido”.
Buenos Aires, 20 de abril de 2009.

Consejo de Administración del Consorcio

El consejo de administración es un órgano de existencia facultativa, que no ha sido previsto por la ley 13.512 ni en su decreto reglamentario. Sin embargo, en la práctica se ha ido generalizando la figura mediante su creación en el reglamento de copropiedad y administración. Inclusive, es frecuente que se lo incorpore a la vida consorcial por decisión de los copropietarios en la asamblea, tal como ocurre en el caso.

Cumple necesariamente una función exclusiva de vigilancia y contralor, careciendo de todo poder de decisión, salvo en los excepcionales casos en los que, por acefalía de la administración, la asamblea decida reconocerle en forma transitoria las funciones, facultades y obligaciones propias del representante legal, hasta tanto éste haya sido designado.

Se ha dicho que “El consejo de administración es una especie de órgano auxiliar que tiene un lugar intermedio de enlace entre la asamblea y el administrador y puede ser inclusive de carácter consultivo, pero sin poderes de representación ante terceros…”

Lamentablemente, es demasiado frecuente que ciertos integrantes de este órgano consultivo se arroguen facultades decisorias, como consecuencia de la aquiescencia de los copropietarios y, lo que es más grave aún, de su indiferencia frente a los avatares propios de la vida consorcial.

Lo cierto es que ni el consejo en pleno como cuerpo colegiado ni ninguno de los componentes, individualmente, pueden recaudar fondos ni disponer de ellos para efectuar pagos a acreedores del ente.Tal función es acordada en forma exclusiva al administrador.

Administración de Consorcios: obligación de rendir cuentas

Al tratarse de una representación legal y no convencional, similar a la que corresponde a los representantes necesarios de otras personas de existencia ideal, resultando aplicables las normas del mandato, en razón de lo preceptuado por el art. 1870 del Código Civil.

Por lo tanto, es obligación del administrador rendir cuentas documentadas de su gestión y entregar al mandante todo lo que hubiese recibido como consecuencia del mandato (art. 1909) Dicha obligación nace precisamente de su calidad de mandatario legal del consorcio, siendo ella inherente a toda gestión de negocios ajenos, cualquiera sea su carácter, debiendo ser cumplida a la finalización del ejercicio financiero del consorcio o cesación de aquel mandato, cualquiera sea su causa.

Por ello, como “mandatario”, está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a entregar a su mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aunque lo recibido no se debiese al mandante. Rendir cuentas no es meramente afirmar, decir, informar; es además, apoyar en elementos probatorios la verdad de los asertos.

Por otra parte, la rendición de cuentas pone a cargo de quien debe rendir las dos obligaciones diferenciadas: a) un primer paso, conocido doctrinariamente como “informativo”, consistente en la explicación de las partidas y sus respectivos comprobantes; b) un segundo paso, según sea el resultado del anterior, en el que deberá entregar el saldo (art. 1909, Cód. Civil) Seguí leyendo “Administración de Consorcios: obligación de rendir cuentas”

Sucesiones

La sucesión es el trámite legal que hay que hacer para transferir legalmente el patrimonio de una persona fallecida a quienes resulten ser sus herederos. Hasta tanto no se realicen no se podrá hacer ningún tipo de acto jurídico con los bienes (vender, hipotecar, dar en garantía, etc.)

Este es un trámite judicial para lo cual es necesario contar con la asistencia de un abogado. El juicio se realiza en los Tribunales correspondientes al último domicilio de la persona fallecida, salvo algunas excepciones legales.

Para poder iniciar el trámite se necesita la siguiente documentación: 1) Partida de defunción, 2) Partidas de nacimiento de los hijos (si tuviere) y el certificado de casamiento (si tuviere cónyuge), 3) Fotocopia de las escrituras de los inmuebles (si hubieren) y/o fotocopia del título de propiedad del automotor (si hubieren vehículos).

El costo del juicio está integrado por los aranceles de inicio, publicación de edictos, diligenciamiento de oficios, inscripción de la Declaratoria de Herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble o el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, según cada caso, y los honorarios del profesional actuante; que es regulado por el juez del proceso de acuerdo a la ley de aranceles profesionales.