Cuota alimentaria de los hijos menores

Es una obligación legal de ambos padres satisfacer las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

Cuando ambos progenitores no conviven bajo un mismo techo, sea porque se divorciaron, se separaron de hecho, o porque el niño es fruto de una relación casual, se presenta el problema de quien debera afrontar el sustento material para el cumplimiento de la mencionada obligación.

En principio, el menor vivirá con uno de ellos -generalmente la madre-, de modo que será el otro progenitor quien deberá afrontar sus necesidades económicas, de acuerdo a ciertos parámetros que se consideran más adelante. Continue reading “Cuota alimentaria de los hijos menores”

Venta por internet

Aceptación de los términos del contrato

Resulta sumamente importante que quien vende mercaderías por internet se asegure de contar con la conformidad del comprador, respecto de los términos y condiciones en los que se celebra la operación comercial. Entre los distintos conflictos que pueden presentarse en esta modalidad de contratación, se encuentra la cuestión de la entrega del producto adquirido. Continue reading “Venta por internet”

El email y su valor como prueba en juicio

Correo electrónico con firma digital

En cuanto a la aptitud probatoria de las constancias de correo electrónico, debe destacarse que, a partir de la ley 25.506, el correo electrónico ocupa un lugar preminente en materia de prueba. El valor probatorio de los documentos con firma digital es equiparable al  de los instrumentos privados. En consecuencia, se presume la autoría e integridad del mensaje, correspondiendo a la otra parte destruir tales presunciones. Continue reading “El email y su valor como prueba en juicio”

Adulterio después de la separación de hecho

El adulterio y la separación de hecho según las postura clásica del derecho

Hasta no hace mucho tiempo imperaba una postura judicial restrictiva que consideraba la existencia de adulterio o infidelidad después de haberse producido la separación de hecho de los esposos, si cualquiera de los esposos mantenía relaciones íntimas con una tercera persona. Esta interpretación surge de considerar que las obligaciones maritales subsisten mientas no se disuelva el matrimonio ya sea por sentencia de divorcio o muerte del cónyuge; es decir, esta es una postura eminentemente legalista.

El adulterio y la separación de hecho según una postura moderna y progresista

Actualmente viene ganando terreno una interpretación amplia, que toma en consideración la voluntad de los esposos, ya separados de hecho, de rehacer su vida independientemente el uno del otro. Es decir que no habría adulterio o infidelidad cuando no haya voluntad de ambos cónyuges de mantener la comunidad marital. A continuación se sintetiza esta postura jurisprudencial

Distintas formas de interpretar los hechos

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Indemnización por acusación calumniosa

Noción de Acusación Calumniosa

La acusación calmniosa es la falsa imputación a una persona de haber cometido un delito de acción pública, formulada mediante una denuncia ante la autoridad policial o judicial, teniendo  el denunciante plena conciencia de que esa persona no lo cometió.

Configuración de la acusación calumniosa

Doctrinaria y jurisprudencialmente se han establecido, en esencia, cuatro requisitos para la configuración de la “acusación calumniosa” a que refiere el art. 1090 del Código Civil: 1) imputación de un delito de acción pública; 2) acusación ante autoridad competente, mediante querella criminal o denuncia que origine un proceso penal; 3) falsedad del acto denunciado; 4) conocimiento de tal falsedad por parte del denunciante (conf. Llambías, “Tratado de Derecho Civil”, tº IV-A, ed. Perrot, nº 2390; Bustamante Alsina, “Teoría Gral. de la Responsabilidad Civil”, ed. Abeledo-Perrot, 3ª, nº 850 y stes.; Parellada, Carlos, “Responsabilidad emergente de la denuncia calumniosa o negligente”, JA, 1979-III-688; Vázquez Ferreira, Roberto, en “Código Civil Comentado…” de Bueres-Highton, tº 3A, ed. Hammurabi, pág. 282; entre otros). Recaudos a los que necesariamente debe adicionarse la existencia de un daño en la persona o bienes del denunciado (conf. art. 1067 y cctes. del Código Civil).

Absolución penal del denunciado

La absolución penal del imputado no habilita por sí sola la procedencia de la acción resarcitoria contra el denunciante, pues la ley sólo la admite cuando la denuncia ha sido calumniosa y obedeció a una conducta culpable. No se puede exigir a las víctimas de delitos que formulen la acusación munidos de pruebas incontestables, que no dejen dudas sobre la autoría, pues ello llevaría al extremo de imponerles la carga policial exhaustiva de los delitos para no errar respecto de las manifestación que formula ante la autoridad. Así, no toda denuncia de delitos es apta para generar responsabilidad civil en la eventualidad de que los nombrados fueran ajenos al hecho.

Reparación civil

El código civil establece una reparación específica en casos de acusación calumniosa. En tal caso, además de un indemnización pecuniaria podrá reclamar todo lo que se hubiese gastado en la defensa y todas las ganancias que dejó de percibir por motivo de la falsa acusación.

Acusación culposa

Sin perjuicio de esa vía específica de obtener una reparación civil, queda la aplicación del principio general según el cual todo aquel que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio. En consecuencia, aunque la demanda no pueda tener sustento en aquella norma, la reparación podría ser procedente si se prueba, con fundamento en el art. 1109 del Código Civil, que el denunciante ha actuado culposamente. Y ello con sumo cuidado, pues resulta imprescindible preservar el interés social en la investigación y represión de los delitos penales; debe exigirse la existencia de una culpa grosera, sin que se pueda pedir al denunciante una culpa mayor que la que normalmente y según las circunstancias del caso corresponda a una situación semejante (conf. Parellada, Carlos, op. cit., pág. 695; Kemelmajer de Carlucci, Aída, en “Código Civil Comentado…” de Belluscio-Zannoni, tº 5, ed. Astrea, pág. 259 y sus citas; CNCiv. Sala L, marzo 13/2007, expte nº 40.748/2000, autos “Zalazar Evangelina Viviana c/Dominguez Benito Andrés s/Daños y perjuicios”).

Responsabilidad del dueño del Garage

Contrato de Garage

El contrato de garage es aquel que vincula al propietario de un vehículo con el dueño o explotador del garaje donde es dejado el rodado para su guarda mediante el pago de un precio.

Deber de seguridad

El contrato de garage lleva implícita la accesoria garantía del deber de seguridad sobre los vehículos y personas que se encontraren dentro del establecimiento. De modo tal que el explotador del garage debe tomar los recaudos necesarios para resguardar a los vehículos que circulen o se encuentren estacionados y a las personas que concurran y permanezcan en el lugar.De allí que, aún cuando el explotador del garage pudiera expresar lo contrario, su responsabilidad subsiste en caso de no haber tomado las medidas de seguridad que correspondiesen, según el caso.

Distintas situaciones relativas al deber de seguridad:

1) Agresión a una persona dentro del garage

Ha ocurrido el caso de una persona que fue agredida por un perro cuya presencia dentro del establecimiento o bien fue aceptada o al menos no fue impedida el explotador del garage -en el caso referido quien consintió la situación fue un empleado del estacionamientor-. Ante tal acontecimiento, la justicia le reconoció al lesionado sul derecho a ser resarcido civilmente el base a la obligación accesoria de seguridad emergente del contrato de estacionamiento.

La situación hubiera sido diferente, es decir no habría habido responsabilidad del propietario o explotador del estacionamiento, si este hubiera demostrado que el hecho se produjo por culpa del propio damnificado, de un tercero -por el que no debe responder-, o por caso fortuito, y, además, hubiera demostrando haber tomado las medidas de seguridad lógicas y normales para preservar la integridad físicas de las personas presentes en su establecimiento.

2) Robo o daño de los vehículos dentro del garage

Dada la naturaleza comercial del contrato de garage (depósito comercial) el garagista es responsable por los daños y/o robo de los los automóviles bajo su custodia, ya que su deber de restitución es sobre la identidad e integridad de la cosa entregada en tal concepto.

El robo a mano armada no puede ser asimilado, por sí solo, al caso fortuito, sino que es preciso analizar las medidas de vigilancia adoptadas por el garajista en previsión del posible hecho. Para poder acreditar el hecho fortuito, con el cual eximirse de responsabilidad, el dueño o explotador del estacionamiento debe probar haber adopatdo medidas de custodia y seguridad idóneas para prevenir el ilícito; por ejemplo vigilancia suficiente, cerramientos, etc..

Es dable comentar que se entiende por “Hecho Fortuito” aquél acontecimiento que, aunque previsto, no ha podido evitarse (art. 513, Cód Civil).  En el caso en cuestión, tal inevitabilidad queda referida a los medios empleados para impedir o resistir la agresión.  Por ende, en caso de no haberse previsto medios idóneos por parte del dueño de un garaje, el ingreso de extraños y el robo a mano armada de un vehículo quedan en el ámbito de hechos que por ser previsibles debieron evitarse y que generan responsabilidad derivada de la propia culpa del garajista (conforme el art. 2203 de Código Civil)

3) Objetos dentro del automóvil

Distinta suerte corren los objetos dejados dentro del rodado. Si bien la obligación que tiene el garajista de devolver el auto en iguales condiciones en las que le fue entregado, y esto alcanza también a los accesorios lógicos y naturales de cualquier rodado (goma de auxilio, cricket, etc.), ello no significa que deba responder por otros objetos que, sin integrar la dotación habitual de un vehículo, hubiesen sido dejados dentro del mismo tanto más si su presencia no ha sido denunciada por su dueño.

No obstante ello, sería diferente el caso si el propietario del rodado le informase al garagista sobre los objetos que se encuentran dentro del automóvil entregado en guarda, y este se comprometiera a cuidarlos. En tal caso si procedería la responsabilidad frente al robo de los mismos. Naturalmente que esta situación atipica deberá ser probada por el propietario o poseedor del rodado.

Responsabilidad del peatón en el accidente

El peatón y la ley de tránsito

La ley 24.449, en los casos de accidentes de tránsito como consecuencia de la circulación de vehículos, otorga al peatón el beneficio de la duda y presunciones en su favor a menos que incurra en graves violaciones a las reglas de transito (art. 64)

Violación grave a las normas de tránsito

Cuando el peatón incurre en una grave violación a las reglas de tránsito, la responsabilidad del propietario o guardián del vehículo que lo embiste puede ser excusada total o parcialmente.

Cruzar a pesar de la advertencia del semáforo

Por ejemplo, si el peatón pretende cruzar la calle cuando el semáfono emite la señal de advertencia, es decir que en instantes se abrirá el paso para los vehículos, estará cometiendo una falta grave.

Carga probatoria del embistente

Es responsabilidad del embistente acreditar la grave violación de las normas de tránsito por parte del peatón, cuando ello no se encuentre acreditado por algún medio de prueba.



Injurias entre cónyuges

Injurias graves – consideraciones generales

La causal de divorcio de injurias graves comprende toda clase de actos ejecutados en forma verbal, por escrito o materialmente, que constituye una ofensa para el otro cónyuge, ataquen su honor, su reputación o su dignidad, hiriendo sus justas susceptibilidades. Incluso, no es necesario que se den a través de hechos estridentes, como pueden ser las agresiones físicas o verbales, sino que la desatención, el descuido, la indiferencia, etc., en la convivencia diaria, pueden, según las circunstancias, provocar las injurias requeridas por la ley como causal de divorcio.

Injuriado que agravia

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Abandono del hogar conyugal

El abandono voluntario y malicioso

El abandono del hogar conyugal, como causal de divorcio, requiere de la existencia de dos requisitos: uno objetivo o material, y otro subjetivo. El primero consiste en el alejamiento físico; dejar de cohabitar con el cónyuge. El segundo consiste en la deliberada intención de dejar de cohabitar con él y dejar de prestarle asistencia. Por lo tanto no deben existir causas atendibles y ajenas a la voluntad del que lo comete, ni haber premeditación con el propósito de eludir los deberes y responsabilidades recíprocas que el vínculo impone.

Abandono sin dejar de cohabitar

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