Viajante de comercio vs. Corredor libre

Diferencias entre el Viajante de comercio y Corredor libre o Gestor de negocios

Cuando una persona realiza habitualmente la venta de productos o servicios en nombre y por cuenta de un tercero -comerciante individual o de una empresa (industrial, de servicios, etc.)-, siendo este su medio de vida, el vínculo existente entre ellos es un contrato de trabajo, sin importar el nombre que se le quiera atribuir al mismo.

El supuesto del Corredor libre es un caso excepcional, que ocurre cuando se concretan operaciones aisladas, sin ningún tipo de frecuencia o regularidad. En tales circunstancias el vínculo que une a las partes es comercial.

En aquellas situaciones en las que una persona ejerce la representación en forma autónoma pero se duda si se trata de un viajante de comercio o un corredor libre deberá analizarse el siguiente supuesto: ¿quién ejerce el poder de dirección y organización del trabajo? Si lo ejerce el empresario o comerciante habrá un contrato de trabajo. Por el contrario, si el representante está organizado en forma de empresa y/o se autodirige, organizando el mismo sus actividades, se tratará de un contrato comercial.

“La distinción entre viajante de comercio y agente o representante comercial se encuentra enque éste último se trata de un comerciante empresario que tiene su propio sistema deventas, ajeno al del principal, coordinando sus tareas y los medios aptos para promover y concertar negocios, asumiendo los riesgos de una organización empresarial propia, en laque está ausente el carácter personal de la actividad como prestación.” Sala X SD 16432 18/12/08 Expte n° 21229/04 “Redelle Gandine, Pablo c/ Flora Danica SAs/ despido”

Viajante de comercio: exclusivo o no exclusivo

¿Cuando un viajante de comercio es no exclusivo?

Cuando no ha pactado por escrito con su empleador la exclusividad de sus servicios. Es decir que, cuando no medie un pacto o acuerdo de exclusividad, puede concertar negocios por cuenta y nombre de otros comerciantes y/o empresarios.

¿Quién es el empleador de un viajante de comercio no exclusivo?

Todos los comerciantes, industriales y/o empresarios para los cuales el trabajador concerta negocios. Cada uno de estos empleadores debe registrarlo como su dependiente y realizar el pago de las cargas y aportes sociales.

¿Qué obligaciones tiene el viajante no exclusivo para con sus empleadores?

No puede concertar negocios que comprendan mercaderías, bienes o servicios de idéntica calidad y caracterísiticas. Es decir que no puede comercializar productos iguales o similares.

¿Qué obligaciones tiene el viajante de comercio exclusivo?

Tiene la obligación de trabajar solo para el empleador con el que ha pactado la exclusividad, sin importar la calidad y/o caracterísiticas del producto y/o servicio que negocie.

Control del uso del email en el trabajo

La actual legislación en materia informática obliga a las empresas a ser extremadamente cuidadosas al momento de aplicar políticas de control y fiscalización de los recursos informáticos (ej. mail) suministrados a sus empleados. El proceder debe ser tal que, en su derecho de contralor de sus trabajadores, no incurran en un obrar antijurídico o carente de razonabilidad.

Una forma de evitar incurrir en tal situación es efectuar  “acuerdos de partes” o “reglamentos internos”, donde quede claramente delimitado el uso y control de las herramientas laborales. También el empleador puede entregarle el password o contraseña del email a su dependiente. Así el trabajador no puede suponer la privacidad de su cuenta de correo electrónico.

Es recomendable, para garantizarle al trabajador su derechos, efectuar el control sobre las herramientas informáticas asignadas en su presencia, de un delegado gremial y un escribano público.

Este tipo de medidas deben ser implementadas rápidamente, debiendo formar parte de una práctica habitual. Es importante que el trabajador esté previa y debidamente anoticiado de los procesos de fiscalización. Este tipo de comunicación debiera ser realizado al momento de ingresar el trabajador a la compañía.

Acoso laboral de un Telemarketer

Condenan otro caso de mobbing

Ante un reclamo por acoso laboral (mobbing), por parte de un trabajador que prestaba servicios de telemarketer, la Cámara Nacional del Trabajo condenó a las empresas F.S.T. SA y a MOTOROLA DE ARGENTINA S.A. al pago de una indemnización, por tener por probado tratos abusivos y discriminatorios. Estos consistían en una persecución permanente, acoso mediante el cambio constante de horarios; extensión del horario de trabajo, inexistencia de descansos entre llamada y llamada, etc.

Mediante testigos se acreditó en la causa la presión con la que debían trabajar, presiones en el sistema de licencias por examen o por enfermedad. Por ejemplo tenían sólo 2 minutos para ir al baño pero con autorización del supervisor, que controlaba cuanto tardaban. Asimismo, los baños casi siempre tapados, inundados. No tenían computadora fija asignada; compartían auriculares, micrófonos, no tenían descanso entre llamada y llamada, etc.

De esta forma la justicia admitió una reparación no tarifada, eno prevista en la ley de contrato de trabajo (LCT)

SD 41399 CAUSA 10.410/2006 – ‘Cubo, Julieta Mariana y otro c/ FST S.A. y otros s/ despido’ – CNTRAB – SALA VII – 28/11/2008

Daño moral en el derecho laboral

La jurisprudencia laboral, en materia de reparación del daño moral, ha reconocido la existencia de dos enfoques: el contractual y el extracontractual.

Si se trata del contractual, es preciso señalar que en el ámbito del contrato de trabajo todo daño moral se encuentra normalmente incluido en el concepto de injuria laboral y da derecho a una indemnización tarifada siempre que sea invocado oportunamente en los términos del art. 242 de la L.C.T.

Ahora bien, desde el punto de vista extracontractual, el daño moral procedería en los casos en que el hecho que lo determina fuese producido por una actitud dolosa del empleador. En tal sentido, la indemnización civil sólo procede en aquellos casos excepcionales en que el despido vaya acompañado de una conducta adicional que resulte civilmente resarcible aun en ausencia de un vínculo contractual.

Consejo de Administración del Consorcio

El consejo de administración es un órgano de existencia facultativa, que no ha sido previsto por la ley 13.512 ni en su decreto reglamentario. Sin embargo, en la práctica se ha ido generalizando la figura mediante su creación en el reglamento de copropiedad y administración. Inclusive, es frecuente que se lo incorpore a la vida consorcial por decisión de los copropietarios en la asamblea, tal como ocurre en el caso.

Cumple necesariamente una función exclusiva de vigilancia y contralor, careciendo de todo poder de decisión, salvo en los excepcionales casos en los que, por acefalía de la administración, la asamblea decida reconocerle en forma transitoria las funciones, facultades y obligaciones propias del representante legal, hasta tanto éste haya sido designado.

Se ha dicho que “El consejo de administración es una especie de órgano auxiliar que tiene un lugar intermedio de enlace entre la asamblea y el administrador y puede ser inclusive de carácter consultivo, pero sin poderes de representación ante terceros…”

Lamentablemente, es demasiado frecuente que ciertos integrantes de este órgano consultivo se arroguen facultades decisorias, como consecuencia de la aquiescencia de los copropietarios y, lo que es más grave aún, de su indiferencia frente a los avatares propios de la vida consorcial.

Lo cierto es que ni el consejo en pleno como cuerpo colegiado ni ninguno de los componentes, individualmente, pueden recaudar fondos ni disponer de ellos para efectuar pagos a acreedores del ente.Tal función es acordada en forma exclusiva al administrador.

Administración de Consorcios: obligación de rendir cuentas

Al tratarse de una representación legal y no convencional, similar a la que corresponde a los representantes necesarios de otras personas de existencia ideal, resultando aplicables las normas del mandato, en razón de lo preceptuado por el art. 1870 del Código Civil.

Por lo tanto, es obligación del administrador rendir cuentas documentadas de su gestión y entregar al mandante todo lo que hubiese recibido como consecuencia del mandato (art. 1909) Dicha obligación nace precisamente de su calidad de mandatario legal del consorcio, siendo ella inherente a toda gestión de negocios ajenos, cualquiera sea su carácter, debiendo ser cumplida a la finalización del ejercicio financiero del consorcio o cesación de aquel mandato, cualquiera sea su causa.

Por ello, como “mandatario”, está obligado a dar cuenta de sus operaciones y a entregar a su mandante cuanto haya recibido en virtud del mandato, aunque lo recibido no se debiese al mandante. Rendir cuentas no es meramente afirmar, decir, informar; es además, apoyar en elementos probatorios la verdad de los asertos.

Por otra parte, la rendición de cuentas pone a cargo de quien debe rendir las dos obligaciones diferenciadas: a) un primer paso, conocido doctrinariamente como “informativo”, consistente en la explicación de las partidas y sus respectivos comprobantes; b) un segundo paso, según sea el resultado del anterior, en el que deberá entregar el saldo (art. 1909, Cód. Civil) Seguí leyendo “Administración de Consorcios: obligación de rendir cuentas”

Sucesiones

La sucesión es el trámite legal que hay que hacer para transferir legalmente el patrimonio de una persona fallecida a quienes resulten ser sus herederos. Hasta tanto no se realicen no se podrá hacer ningún tipo de acto jurídico con los bienes (vender, hipotecar, dar en garantía, etc.)

Este es un trámite judicial para lo cual es necesario contar con la asistencia de un abogado. El juicio se realiza en los Tribunales correspondientes al último domicilio de la persona fallecida, salvo algunas excepciones legales.

Para poder iniciar el trámite se necesita la siguiente documentación: 1) Partida de defunción, 2) Partidas de nacimiento de los hijos (si tuviere) y el certificado de casamiento (si tuviere cónyuge), 3) Fotocopia de las escrituras de los inmuebles (si hubieren) y/o fotocopia del título de propiedad del automotor (si hubieren vehículos).

El costo del juicio está integrado por los aranceles de inicio, publicación de edictos, diligenciamiento de oficios, inscripción de la Declaratoria de Herederos en el Registro de la Propiedad Inmueble o el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, según cada caso, y los honorarios del profesional actuante; que es regulado por el juez del proceso de acuerdo a la ley de aranceles profesionales.

Accidente de tránsito con lesionados: ¿Cúando hacer la denuncia penal?

Lesiones leves

En casos de accidentes de tránsito donde una o más personas sufrieron lesiones leves es importante hacer la denuncia penal en la Comisaría más cercana. Si ocurriese en Capital Federal podrá hacer la denuncia en cualquier comisaría de esta jurisdicción.

No se debe confundir la denuncia penal con una simple acta policial. En la primera se le está dando aviso a la justicia para que investigue la responsabilidad del accidente. Esto conlleva a tener más y mejores elementos a la hora de efectuar el reclamo correspondiente por daños y perjuicios. En el caso de las actas policiales es una mera declaración unilateral (salvo que las partes intervinientes hicieran una única y misma declaración en sede policial)

Lesiones graves

En casos de lesiones graves y gravísimas la policía debe promover de oficio una causa judicial, por lo que, en principio, no sería necesario efectuar la denuncia penal. No obstante ello, es conveniente exigir en la Comisaría el nombre del juez y fiscal de turno que intervendrán en la investigación.

Constatación médica

Cuando usted realizar la denuncia penal o la Policía actúa de oficio deben hacerlo revisar por un médico legal, quien hará un informe que se agregará a la causa penal. Es sumamente importante que esta constatación se realice lo antes posible, debido a que con el paso del tiempo las lesiones van desapareciendo.

Asesoramiento legal

También es sumamente importante que tome contacto con un abogado para que le brinde un asesoramiento sobre sus derechos. También es importante que no firme ningún documento hasta estar debidamente asesorado. Cualquier error, por involuntario que sea, puede causar la pérdida de sus derechos.