Cuota alimentaria de los hijos menores

Es una obligación legal de ambos padres satisfacer las necesidades de los hijos en manutención, educación y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad.

Cuando ambos progenitores no conviven bajo un mismo techo, sea porque se divorciaron, se separaron de hecho, o porque el niño es fruto de una relación casual, se presenta el problema de quien debera afrontar el sustento material para el cumplimiento de la mencionada obligación.

En principio, el menor vivirá con uno de ellos -generalmente la madre-, de modo que será el otro progenitor quien deberá afrontar sus necesidades económicas, de acuerdo a ciertos parámetros que se consideran más adelante.

Edad hasta la cual se deben pagar alimentos.

De acuerdo con nuestra legislación vigente, el progenitor alimentante debe cubrir las necesidades económicas de sus hijos hasta que éstos cumplan 21 años de edad.

Determinación del monto

No existe un parámetro fijo que establezca el monto de la cuota alimentaria. Su cuantificación resulta de ponderar prudentemente las necesidades que tengan el o los menores y la capacidad económica del obligado, para obtener ingresos.

Esa cuantificación deberá revestir un grado de razonabilidad acorde con la edad del menor, estudios que cursa y su situación social. Más allá de las posibilidades que puedan brindar los ingresos del obligado, el monto de la cuota alimentaria tiene un límite dado por las necesidades del beneficiario que debe solventar, con lo cual, aún en la hipótesis de que sus ingresos le permitiesen hacer frente a uno superior, no autoriza por sí a que así se disponga de una cuota mayor a dicha realidad.

Como se mencionó, la edad del menor juega un papel determinante a tales efectos, atendiendo a la satisfacción de sus necesidades, a saber: manutención, vivienda, educación, alimentación, vestimenta, recreación, etc.

Tampoco escapa de este análisis, el nivel  socieconómico y cultural del que se gozaba antes de la separación de los progenitores. Sin embargo, esa situación debe ser ponderada desde la óptica de la menor, donde se resiente el argumento de la recurrente pues difícilmente a tan temprana edad pueda haber vivenciado e incorporado un estilo de vida que llegue a verse afectado por el infortunado destino de la pareja de sus padres. Es decir, si bien el conflicto entre los padres redunda, a veces en una desgraciada actitud del progenitor que no tiene la guarda, consistente en privar o retacear al hijo satisfacciones materiales o espirituales que le brindaba anteriormente, actitud que puede ser corregida mediante la fijación de una cuota alimentaria que tenga en cuenta la situación anterior, que comprendía, por ejemplo, la asistencia a colegios privados pagos, profesores de materias complementarias, asistencia determinados clubes.

Pagos en especie. Salud. Educación.

Si parte de la cuota alimentaria debe ser pagada en especie, es decir, cancelando directamente, el alimentante, el costo del servicios (salud, educación, club, cursos privados, etc.) e incumpliese con el mismo, el otro progenitor podrá pedir judicialmente que los rubros impagos sean cubiertos  mediante un aumento el monto de la cuota que se paga en dinero.

Prueba de la capacidad económica del alimentante.

La capacidad económica del alimentante, en determinados supuestos, resulta ser de difícil probanza; no siempre se logra acreditar los ingresos o el patrimonio real.  En esos casos, la justicia valora todos aquellos elementos que permitan, aunque sea mínimamente, ponderar el nivel de ingresos, de esta forma se infiere la capacidad contributiva del alimentante para estimar el “quantum” de la pensión. Es decir que, cuando no es posible determinar el verdadero caudal económico, con prueba directa de sus entradas, debe atenerse a lo que resulta de la prueba indiciaria, valorando la situación a través de su patrimonio, estilo de vida, gastos, y/o las actividades que desarrolla, como así también cualquier otra circunstancia que permita hacer algún tipo de conjetura al respecto. Estas presunciones e indicios, en orden a establecer la cuantía de los ingresos, si bien deben reunir condiciones de eficacia, se interpretan con un criterio amplio y favorable a las aspiraciones legítimas de la parte reclamente de la pensión alimentaria.

Hijos de otro matrimonio.

El hecho que el alimentante tenga otros hijos con posterioridad, en principio, no es óbice al importe de la cuota que debe afrontar. Esta circunstancia sólo le agrega más obligaciones a las que ya tenía. Lo mismo sucede si conforma un nuevo grupo familiar; esta circunstancia no puede en modo alguno resultar eximente o atenuante de su responsabilidad.

Motivos para modificar la cuota alimentaria.

La prestación alimentaria se caracteriza por su variabilidad, que estara sujeta a las circunstancias de hecho que alcanzan a cada situación en particular. Así, elpresupuesto para la procedencia de cualquier modificación de la cuota alimentaria, reside en una sustancial variación de la situación vigente al tiempode establecimiento de la pensión primigenia. Y en este sentido, los convenios celebrados entre las partes constituyen una referencia valiosísima, porque paraevaluar el importe respectivo, han valorado múltiples circunstancias en orden a sus respectivos ingresos y necesidades.

Entre los factores que introducen cambios sustanciales en materia de alimentos se encuentra la edad de los beneficiarios. El crecimiento de éstos -per se-, y la educación que requieren, implica un mayor gasto económico. No obstante ello, el incremento de la cuota siempre deberá ser acreditado con la mayor precisión posible.

Otro elemento a considerar es el tiempo transcurrido desde que se pactó la cuota vigente. En ocasiones justifica por sí solo un aumento de la cuota alimentaria, por ser evidente que la pensión resulta insuficiente para atender las nuevas necesidades de los alimentados. Corresponde aclarar que no se trata de una alteración que se produzca por el mero paso del tiempo, sino de la lógica consecuencia del cambio que realizan las personas en el transcurso desde la infancia hacia la adultez, con sus diferentes inquietudes, deseos y formas de realización. En efecto, esta circunstancia hace presumir, aún en ausencia de pruebas, un aumento de los gastos referidos a su educación, alimentación, vestimenta e, inclusive, en su vida de relación.

Reducción de la cuota alimentaria.

Al igual que para incrementarla, para obtener la reducción de la pensión convenida entre las partes, corresponde al alimentante acreditar la modificación de las circunstancias que determinaron la celebración del acuerdo originario, ya sea porque han menguado significativamente sus ingresos o bien porque la cuota resulta excesiva frente a las necesidades de quien la recibe. De no acreditarse cualquiera de esos extremos –que remiten a una alteración sustancial de las circunstancias de carácter patrimonial que existían y fueron tenidas en miras al tiempo de pactarse la cuota- queda sellada la improcedencia del reclamo. En tal sentido, si en el convenio de alimentos se pautó que el monto acordado respondía a cubrir, entre otros gastos, actividades y/o servicios que su beneficiario ya no realiza o utiliza, por ejemplo talleres de música y plástica, cursos de inglés, sesiones de terapia psicológica, niñera, etc., es fáctible que la justicia, ante un planteo concreto, reduzca el quantum alimentario. No ocurre lo mismo cuando del convenio no surge claramente individualizados los gastos cubiertos por dicha suma.

Responsabilidad de la madre.

El deber de contribuir a los gastos de los menores también recae sobre la madre, por cuanto la obligación alimentaria es un deber de ambos padres. Bajo esa perspectiva, también deben evaluarse las posibilidades económicas de la aquélla, no como una liberación de las obligaciones del otro progentor, sino como una participación que a ella le corresponde en beneficio de su prole. Por lo general, se ha interpretado que el deber de la madre se satisface en función de su contribución en especie, derivada de la crianza del menor que esté bajo su custodia. Por ello, es deber fundamental del padre contribuir con su obligación alimentaria, por cuanto esa obligación se genera con la responsabilidad asumida por el nacimiento de su hijo, y exige la realización de los esfuerzos necesarios para obtener las entradas suficientes para su satisfacción.

Hijo no reconocido.

El hijo no reconocido por su padre también tiene derecho a recibir una cuota alimentaria de éste; sin embargo, hasta que la paternidad no haya sido reconocida -voluntariamente o judicialmente-, la misma no podrá ser reclamada. No obstante ello, si fuese promovido el juicio filiatorio, bajo determinadas circunstancias, se puede solicitar la imposición de alimentos provisorios a cargo del demandado.