Discriminación laboral: despido por ser portador de HIV

Recientemente la Justicia del Trabajo condenó a una empresa a pagar a un trabajador una indemnización por daño moral y psicológico, fundado en la ley 23.592, por considerar que su despido había sido consecuencia de un acto de discriminación, por ser portador del virus de inmunodeficiencia humana (HIV).

Para dar por acreditada tal circunstancia, el Tribunal aplicó el “Principio de la Carga Dinámica de la Prueba”, que permite -de modo excepcional-, invertir la carga que recae sobre quien afirma un hecho (en el caso en cuestión, se sostuvo que la empresa demandada no desacreditó los hechos expresados por el trabajador). Este principio se aplica cuando existen indicios o presunciones que llevan a la Justicia a entender que la contraparte (léase demandada) es quien está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para acreditar lo ocurrido (conf. Sala VII, en “Barbe José María c/ Metrovías SA”, sent. 36.961 del 17-09-03; “Rybar, Héctor Hugo c/ Banco de la Nación Argentina”, sent. 40.175 del 08-06-07).- Dicho de otro modo, la Justicia interpretó que, mediando indicios que permitían suponer la existencia de un acto de discriminación, era carga de la empresa demostrar que el despido se produjo por un motivo distinto, no relacionado con la enfermedad del trabajador.

En el caso en cuestión, la Justicia entendió que el cambio de actitud de la empresa para con el trabajador, que se fue agravando hasta el momento del despido, ocurrió a partir de que esta tomó conocimiento que el era portador pasivo de HIV sida; constituyendo un acto de discriminación.

Así las cosas, el Tribunal consideró que el despido no se produjo en el marco legal que prevee el art. 245 LCT, que admite la extinción del contrato de trabajo mediante el pago de una indemnización tarifada. Sostuvo que la demandada violó dicha norma legal.

Queda claramente expuesto el hecho de la dolencia; el hecho del despido; su cercanía temporal, y una contradicción probatoria testifical que en un tema tan delicado impone recordar que nos manejamos en un territorio de tutela donde la conjunción del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el artículo 9 segundo párrafo de la L.C.T., los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos y la posibilidad no utilizada de la legitimada pasiva de acreditar que había utilizado correctamente la ley en el sentido del art. 245 de la L.C.T., es decir que se trataba de un despido sin justa causa y no de un despido ilícito y/o fraudulento, no pueden conducir sino a la condena por despido discriminatorio. Es decir, que el despido sin justa causa no fue tal y que el art. 245 de la L.C.T., fue utilizado violando la causa fin del instituto (art. 14 de la L.C.T.).-

La elevada condena se basó en el daño moral y daño psicológico, que se tuvieron por probados de esta forma.