Monotributo como fraude laboral

Así como resulta contrario a la ley laboral no registrar -o hacerlo en forma defectuosa- un contrato de trabajo -trabajo en negro-, también es ilegal simular -encubrir- una relación laboral bajo una modalidad contractual distinta -p.ej. suscribir un contrato de locación servicio-, y hacer emitir al trabajador un recibo como monotributista -o autónomo-. En tal caso se considerará como un caso de trabajo no registrado.

Por sobre todo, la realidad.

En estas situaciones se aplica el “principio de supremacía de la realidad”, previsto en el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) , el cual establece que “será nulo todo contrato por el cual las partes hayan procedido con simulación o fraude a la ley laboral, sea aparentando normas contractuales no laborales, interposición de personas o de cualquier otro medio. En tal caso, la relación quedará regida por esta ley”

¿Cuándo habrá relación laboral encubierta o simulada?

No toda prestación de servicios implica un vínculo laboral o de dependencia, para poder establecer una diferenciación se deben tener en consideración varias condiciones:

  1. Que exista una obligación de cumplir las tareas en forma personal (es decir que las actividades no puedan ser realizadas por otras personas).
  2. Que la prestación de tareas se realice dentro de una organización empresaria ajena (es decir que quien preste servicios no tendrá una organización propia o al menos no la utilizará para realizar sus tareas).
  3. Que el poder de dirección y control sobre las tareas del actor estuviese a cargo de la organización empresaria.
  4. Que haya subordinación económica.

Presunción legal

En sintonía con lo dicho, la Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo de Capital Federal, en el caso “ALMA, Amanda c/ AMERICA TV SA s/ despido” (donde la demandada admitió que la reclamante prestaba servicios en forma independiente y emitía recibos como monotributista), dijo:

…  el método mas conveniente de analizar controversias del tipo de la presente -en la que las partes no celebraron un contrato de naturaleza laboral- es determinar si en la ejecución de la relación se comportaron como lo harían un trabajador y un empleador, configurando de hecho una relación de trabajo, en los términos del artículo 22 de la LCT. No se debe perder de vista que la demandada reconoció la prestación de servicios personales de la accionante en el marco de su organización empresaria, lo que autoriza a inferir juris tantum que ella (la prestación) reconoce como fuente un contrato de trabajo (artículo 23 de la LCT), independientemente de que se haya utilizado en la contratación una figura no laboral.

En otras palabras, de acuerdo a este fallo, los jueces sostienen que, en principio, la prestación de servicios personales en forma independiente presume una relación laboral. La consecuencia de esta presunción legal  es que provoca la inversión de la carga probatoria, de modo tal que quien debe probar que no se trata de una relación laboral es la parte demandada.

Profesional monotributista

El hecho de que quien preste servicios sea un profesional inscripto como monotributista no obsta para encuadrar una relación como laboral, si se reúnen las condiciones indicadas. Tampoco será un impedimento para que exista relación laboral el hecho de que el profesional no se dedicase en forma exclusiva para una determinada organización empresaria.

Fraude laboral por parte del Estado

Existen situaciones de fraude laboral en el estado nacional, provincial y municipal, bajo la modalidad de contrataciones a personas inscriptas en el monotributo. En cuanto empleador, el estado tiene las mismas obligaciones legales de registrar la relación de empleo y otorgarles a esos trabajadores los mismos derechos y beneficios que gozan los empleados públicos.

Consecuencias económicas del fraude laboral.

El reconocimiento judicial de la relación laboral conlleva serios perjuicios económicos al empleador.

Con relación al trabajador, se podría condenar a la empresa a:

  • Pagar de las remuneraciones no prescriptas, aún cuandos se hubiesen hecho pagos contra la entrega de Facturas como monotributista.
  • Pagar la indemnización por despido más las sanciones por la falta de registración laboral.
  • Pagar una multa por temeridad y malicia del empleador.

Con relación al Estado, Obra Social, y Sindicato, a pagar los aportes y contribuciones no ingresados, sus intereses y multas.

Ley penal tributaria.

En cuanto a los impuestos y aportes no ingresados, dependiendo del importe adeudado, el empleador podría verse expuesto a las sanciones previstas en la ley penal tributaria. En efecto, si la cantidad que el Fisco eventualmente determine como deuda es superior a $20.000 por período mensual, tendrá que formular la correspondiente denuncia penal, con penas que van desde 2 a 6 años de prisión. En el caso de sociedades, la ley responsabiliza a los directores que hubiesen intervenido este tipo de maniobras (art. 14 de la ley 24769).