Los intereses de las tarjetas de crédito y la Ley de Defensa del Consumidor.
La Justicia aplicó la multa que establece la Ley de Defensa del Consumidor a una empresa emisora de tarjetas de crédito, por cobrar un interés superior al permitido y no brindar suficiente información al usuario de dicho servicio.
Límite máximo de intereses
En el expediente “CMR Falabella SA c/DNCI – DISP 319/08 (Expte. S01:107946/05)” – CNACAF – SALA V – 19/05/2009, la Cámara Contensioso Administrativo Federal tuvo por acreditado que la empresa había violado la Ley de Tarjetas de Crédito.
“El art. 16 de la ley 25.065 de Tarjeta de Crédito establece que en caso de emisores no bancarios “…los intereses compensatorios o financieros que el emisor aplique no podrá superar en más del veinticinco por ciento (25%) al promedio de tasas del sistema para operaciones de préstamos personales publicados del día uno al cinco (1 a 5) de cada mes por el Banco Central de la República Argentina….
“… De las constancias administrativas agregadas a la causa se desprende que la empresa sancionada percibía intereses compensatorios o financieros referidos a saldos deudores de los usuarios de tarjeta de crédito, compra o débito superiores al límite legal previsto en la normativa reseñada …,”
Falta de información al consumidor
Asimismo, la justicia tuvo por acreditadas las infracciones imputadas a los arts. 4 y 19 de la ley 24.240 (Defensa del Consumidor), toda vez que la información brindada al usuario (en cuanto al interés compensatorio cobrado) era inexacta; siendo el deber de información una característica esencial del servicio y además configura un incumplimiento en la prestación del mismo.
Rigurosidad del tope legal
La Justicia desestimó la defensa de la empresa en cuanto a que el porcentaje cobrado en exceso en concepto de intereses era mínimo y de escasa importancia. Al respecto sostuvo que las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones que allí están previstas.
Daño potencial
La Cámara también sostuvo que no se requiere un daño concreto en los derechos del consumidor, sino la posibilidad de existencia del daño. De modo tal que la sanción punitiva es procedente aún en casos en que el daño no se hubiera materializado.
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